En 2005, el gobierno de la Generalitat dio respuesta a la demanda de los Ayuntamientos de Sant Cugat, Rubí y Castellbisbal para la construcción de un hospital que sirviera de referencia a los tres municipios. El proyecto se dibujó en suelo rubinense, y hasta se adjudicó una propuesta ganadora creada por la empresa Corea & Moran Arquitectura i Cesc Duran Arquitectes. Con un coste estimado de 45 millones y construido sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados, el Hospital Vicente Ferrer se debería haber empezado a construir en el primer trimestre de 2011, pero las políticas de contención económica han enquistado su levantamiento. Pasado un año, la situación ha abierto el debate entre los grupos municipales que exigen su construcción y las secciones locales de CiU, que viendo que la rigidez presupuestaria va para largo proponen utilizar equipamientos privados ya existentes como alternativa.

A día de hoy, los 160.000 habitantes que reúnen los tres municipios tienen como centro de referencia la Mútua de Terrassa, que está a la misma distancia geográfica que otros hospitales de fuera de la comarca. “Muchos de nuestros vecinos prefieren ir a Sant Joan de Déu o a la Vall d’Hebron, que están al otro lado de Collserola pero que con los túneles de Vallvidrera los tenemos a 15 o 20 minutos de aquí”, explica regidor de Servicios Sociales de Sant Cugat y miembro de CiU, Raül Grangé. Aún así, el político defiende que la formación está a favor de la construcción del Vicente Ferrer y explica que “incluso tenemos hechas las modificaciones urbanísticas para que el transporte público pueda llegar”, pero considera que la circunstancias obligan a “optimizar recursos”.

La alternativa ofrecida por CiU, con papel protagonista para la alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, pasa por aprovechar equipamientos privados de la zona, con especial atención al Hospital General de Catalunya. “El edificio tienen dos plantas cerradas y sus servicios de urgencias están dimensionados para acoger a mucha más gente”, explica Grangé que tampoco rechaza la idea de llegar a acuerda con Sant Joan de Déu. Según reconoce el propio regidor, ya ha habido conversaciones informales sobre la cuestión con dirección del Hospital General y parece que la opción sería bien recibida. “La concertación puede tener diferentes niveles; desde los servicios de urgencia de fin de semana hasta la disponibilidad de camas según las necesidades de la Mutua de Terrassa”.
La no inclusión de un partida presupuestaria para el edificio ha provocado las quejas de los grupos municipales de izquierdas. Las secciones locales de CiU apuestan por utilizar los recursos disponibles en edificios privados, como el Hospital General, hasta que haya recursos para su edificación.
Pero las competencias en sanidad recaen en la Generalitat, que debe ser quien negocie el hipotético concierto con los hospitales privados. Esta solución no conllevaría ninguna recarga al bolsillo del paciente ya que podría acceder con su tarjeta de la sanidad pública. Grangé resume diciendo que se trata de una cuestión “presupuestaria” y asegura que “siempre es más barato ocupar los espacios disponibles que crear nuevos”. Aún así, prevé que, dada la capacidad inversora prácticamente nula de la administración, todas las soluciones son “a largo plazo”.

Cuestión de modelo
Por su parte, los grupos municipales de izquierdas no ven otra alternativa que la construcción del Hospital. Uno de los partidos más activos en la reclamación ha sido ICV-EUiA. Su portavoz en Sant Cugat, Joan Calderon, considera que el Vicente Ferrer es víctima de la llegada del gobierno Mas. “Se trata de un equipamiento necesario dada la saturación de la Mútua de Terrassa. Tenemos el proyecto, pero falta la partida presupuestaria que debería haber llegado con el nuevo gobierno”. Calderon atribuye la no respuesta por parte de la Generalitat a la “falta de planificación” que, según dice, se concreta en “el retraso en la presentación del nuevo mapa sanitario catalán” que también se espera que mencione el caso del Hospital Ernest Lluch, previsto para las ciudades de Montcada i Reixac, Cerdanyola i Ripollet.

Los partidarios a la construcción como solución única considera que la cuestión presupuestaria no debe ser un impedimento para el levantamiento del equipamiento. El propio Calderon considera que “se trata de cambiar partidas y tener prioridades”. Además, cree que la opción de llegar a acuerdos con hospitales privados supone “abrir la puerta a la privatización de la sanidad” y se refiere al mismo conseller Boí Ruíz, a quien acusa de querer “acercarse al lobby privado del sector” recordando su pasado como cabeza visible de la patronal de la sanidad privada catalana.

Por otra parte, el portavoz de ICV-EUiA no cree que acudir al Hospital General sea lo más recomendable viendo su historial. “Estamos hablando de una entidad que ha tenido que ser rescatada en dos ocasiones y en la que se destinaron una gran cantidad de esfuerzos y recursos durante la época de Jordi Pujol”. Calderon también niega la máxima de que el concierto es una solución más económica que la construcción de un nuevo edificio. “Hay que ver las condiciones que pone la empresa gestora por el uso de su espacio y hay que sumar el gasto que supondría en el mantenimiento de las plantas que se reabren y de los recursos humanos que se tendrían que destinar”.