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Fecha: 09/04/2018

Procedencia: El Heraldo

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Los trabajos de construcción del futuro Hospital de Alcañiz avanzan desde hace unas semanas con la nivelación de la parcela y la retirada de tierra, operaciones en las que trabajan tres retroexcavadoras, varios camiones y vehículos de apoyo.

La actividad va tomando cuerpo en la parcela tras un arranque desganado que provocó críticas vecinales y de la oposición parlamentaria. El trasiego continuo de camiones está provocando molestias entre las personas que transitan la vía del acceso al nuevo hospital, un camino asfaltado (antigua Vía Verde) muy utilizado para hacer deporte y en el que no pueden pasar a la vez un camión y un coche. Estos días se ha llegado a contabilizar el paso de un camión cada minuto.

La tierra que se extrae pertenece a una capa superficial del suelo y se puede reutilizar después en la obra, por lo que se está depositando en unos terrenos cercanos.

Lo que se desconoce es dónde se llevarán los escombros. En el precio total del hospital, 57,4 millones de euros, un millón es el coste que se calcula para trasladar y verter los escombros a un vertedero autorizado.

Según el plan de trabajo, la cimentación se iniciará el 31 de mayo y casi un mes después, el 26 de junio, se comenzará a levantar la estructura del edificio.

No obstante, antes de comenzar la edificación se tiene que resolver una cuestión económica. La UTE aún no ha pagado al Ayuntamiento los casi dos millones de euros correspondientes a la licencia de obras y tasas administrativas. Una cuantía que se ha reducido casi a la mitad después de que la UTE recurriera ante el Consistorio para que la licencia de obras se calculara según el precio de la adjudicación del contrato y no del de licitación.

Penalización por retraso

Por otro lado, el contrato firmado entre la UTE y el Salud para la construcción del hospital en julio de 2017 incluye una serie de sanciones por varios incumplimientos. La más alta son 2.000 euros/día que deberá pagar la constructora si se retrasa en el plazo de ejecución. Es decir, si termina y entrega la obra más tarde de los 52 meses que tiene estipulados y que empezaron a correr cuando se firmó el acta de inicio de los trabajos, a finales de octubre pasado. Por tanto, será en febrero de 2022 cuando se cumpla el plazo, aunque desde DGA reiteran que las obras terminarán en 2021.

En este documento, aparte de la citada penalización por el incumplimiento en la ejecución del contrato, también se estipula una sanción de 500 euros al día por la omisión del mantenimiento preventivo, correctivo y técnico. Desde la prevención y extinción de incendios a la climatización, calefacción, gas natural, puertas automáticas, placas solares fotovoltaicas y aparatos de elevación, entre otros. En su oferta, la UTE se comprometió a incrementar el periodo de garantía en dos años sobre los tres de plazo estipulados.

Otra de las cuestiones que estipula el contrato es que la UTE debe comunicar de forma anticipada y por escrito todas las subcontrataciones que realice junto con documentación que justifique su «aptitud» para realizar las obras así como una declaración responsable de que la empresa no tiene prohibido ser contratada por la Administración. La UTE también podrá ser penalizada si incumple los periodos de pago acordados con las subcontratas.

 

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