A partir del próximo lunes, el Hospital Costa del Sol de Marbella empezará a informar a los pacientes de lo que ha costado su tratamiento. Será el comienzo del pilotaje del proyecto de la factura sombra en la sanidad pública andaluza, que debe estar implantada en todos los hospitales dependientes de la Consejería de Salud a finales de 2011.

La titular de este departamento del Gobierno de la Junta, María Jesús Montero, insistió ayer al presentar la iniciativa que su finalidad es "exclusivamente informativa" y que se trata de que los ciudadanos sepan en qué se gasta el presupuesto de los servicios que ellos financian con sus impuestos. Para la consejera, el proyecto de la factura informativa es un ejercicio de transparencia por parte de la Administración y una llamada a la corresponsabilidad de la sociedad en general.

Por el momento, los pacientes de la empresa pública costasoleña que recibirán factura sombra serán aquellos que hayan sido sometidos a intervenciones ambulatorias de hernias, vesícula y cataratas y a pruebas diagnósticas cardiológicas y relacionadas con el aparato digestivo. Posteriormente, el pilotaje se ampliará a los hospitales de Pozoblanco, Jerez de la Frontera y Antequera y, a partir de una primera evaluación de su funcionamiento, se extenderá a los 45 centros hospitalarios (empresas públicas o SAS) dependientes de la Junta a lo largo del año que viene.

El lunes comienza en el Hospital Costa del Sol el pilotaje del proyecto para ofrecer información personalizada a los pacientes de los costes de sus tratamientos
A los aproximadamente 1.500 centros de salud que configuran el primer nivel asistencial también llegará, en una fase posterior, la factura sombra personalizada y se centrará en los consumos anuales de farmacia, consultas, vacunas y Urgencias.

Aquellos pacientes que, en los grupos de patologías previstos en este proyecto, no se presenten a la intervención quirúrgica o a la cita con el especialista, también serán informados del coste que supone esa oferta asistencial anulada.

La Consejería de Salud sabe, prácticamente desde que se efectuaron las transferencias sanitarias a la comunidad autónoma (año 1984), cuánto cuesta cada epígrafe de su cartera de servicios en cada centro. Lo que hace ahora es facilitar esa información a la ciudadanía en general.

Con esta medida, la Consejería -más bien, la consejera- se adentra en un terreno no exento de riesgos en términos de opinión pública pero que, si consigue atravesarlo sin demasiados desperfectos en el fuselaje institucional, le puede reportar indudables réditos en forma de credibilidad: el coste de cada procedimiento varía de un centro a otro y los responsables de la factura sombra andaluza (hay algunas experiencias, limitadas, en otras comunidades) han preferido dejar a la vista esa variabilidad.