Este documento ha sido elaborado desde la Comisión Construimos el Futuro (CCF) del ITeC a partir del trabajo que ha realizado un grupo de ponentes y las contribuciones de las entidades de la CCF.

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) fue explícita respecto a los cambios que pretendía introducir en las prácticas de contratación previas a su publicación. En su Preámbulo ya introduce el concepto de "relación calidad-precio" como objetivo a alcanzar por los órganos de contratación, tradicionalmente centrados en cubrir sus necesidades de obras, servicios y suministros con el mínimo gasto. La Ley establece la obligación "por primera vez" de que la contratación pública utilice parámetros cualitativos, ambientales, sociales e innovadores como criterios de adjudicación.

A pesar de que han transcurrido varios años desde su publicación, los cambios observados siguen siendo insuficientes. Lo que en su momento parecía una restricción presupuestaria temporal se ha convertido en una condición estructural, manteniendo el peso del factor precio como un elemento determinante en los contratos de obra pública.

El análisis de una muestra reciente de pliegos redactados por distintas administraciones revela la incorporación de criterios que antes eran poco habituales. Sin embargo, la oferta económica sigue siendo el aspecto central. En el caso específico de la urbanización y el mantenimiento viario, el precio representa aproximadamente el 60% de la puntuación media. En la obra de edificación, este porcentaje desciende ligeramente hasta situarse cerca del 50%, mientras que, en el mantenimiento de edificios, alcanza un 44%. No obstante, esta puntuación se asigna exclusivamente al precio ofertado por el licitador, a menudo complementado con otros factores que impactan directamente en los costos.

Las actuales prácticas de adjudicación han reducido la diferencia entre los precios contratados y los costos reales de mercado, llegando incluso a volverse negativas en algunos casos. Aunque las empresas asumen el riesgo de sus ofertas, este termina repercutiendo en la administración, que enfrenta paralización de obras y rescisión de contratos por precios inviables. Estas situaciones no solo generan costos económicos, sino también pérdidas de oportunidad y deterioro de la imagen pública.

Cada licitación basada en los mismos criterios de siempre representa una oportunidad desperdiciada para romper este ciclo, que afecta tanto a las empresas dependientes del sistema como a la calidad final de los proyectos, perceptible también para la ciudadanía.

Esta guía está dirigida a los equipos responsables de redactar pliegos de licitación, con el fin de ayudarles a definir y evaluar los criterios de adjudicación de manera efectiva. Forma parte de una serie de cuatro guías enfocadas en distintos tipos de contratos: mantenimiento viario, mantenimiento de edificios, urbanización y edificación.

Su contenido se basa en el análisis de casos reales, ofreciendo ejemplos sobre cómo otras administraciones integran criterios económicos, técnicos, ambientales y sociales en sus licitaciones. Cuando no se han encontrado referencias adecuadas, la CCF propone recomendaciones propias.

Contenidos

• La Comisión Construimos el Futuro
• Motivación de la guía
• Planteamiento de la guía
• Acreditación de la solvencia
• Evaluación de las ofertas
• Selección y ponderación de los criterios de adjudicación
• Formato de la oferta

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