La morosidad de las administraciones públicas disparó el año pasado un 40% el recurso al factoring o venta de facturas en el sector sanitario (hasta alcanzar los 3.200 millones de euros), para obtener liquidez y suplir el más que notable recorte del crédito comercial que lleva a cabo la banca. Según Fenin, la asociación de empresas de tecnología sanitaria, las comunidades autónomas pagan al sector con un retraso medio de 347 días, aunque hay grandes diferencias entre los 100 días del País Vasco y los 666 de Cantabria.

El periodo de pago, sin embargo, empeoró en todas ellas durante el pasado ejercicio 2010 ocasionando en las empresas crecientes tensiones de tesorería. “Hemos recurrido al factoring porque obviamente nosotros tenemos compromisos de pago, como las nóminas de nuestros trabajadores, y el retraso de los pagos de la Generalitat nos hubiera obligado a nosotros a retrasar los nuestros”, reconoce un directivo de un hospital concertado catalán.

Gloria Rodríguez, responsable de relaciones con las comunidades autónomas de Fenin, señala que “en la actualidad, el sector tiene pendientes de cobro facturas por valor de 3.870 millones de euros, el 2% de ellas son incluso del ejercicio 2008 y otro 26% del 2009”. Las empresas, sin embargo, ya han pagado los salarios de sus trabajadores, proveedores e incluso el IVA. “El sector ve reducida su capacidad de inversión porque ha de dedicarse a financiar a la administración” asumiendo el coste financiero que supone la venta de facturas, señala Rodríguez.
La morosidad de la administración pública se dispara un 40%
Víctor Grífols, presidente de Grifols, recordó en la última junta de accionistas de la compañía que las autonomías españolas pagan con dos años de retraso, mientras en otros países las empresas cobran a los 30 días. Grifols vendió el año pasado facturas de la sanidad pública española por 90 millones de euros dentro de su estrategia para financiar la compra de la estadounidense Talecris. Como ella, otras empresas del sector tratan de optimizar su liquidez con la exportación, que el año pasado alcanzó los 1.350 millones de euros en el sector de proveedores de la sanidad.

Javier Rodríguez- Mantiñán, presidente de la Asociación Española de Factoring que agrupa a bancos, cajas y entidades financieras, aseguró que la venta de facturas ofrece ventajas a las empresas pero también a la banca. “La banca extrema la prudencia en la concesión de créditos y prefiere darlo respaldado por un activo –un derecho de cobro reconocido por una empresa solvente– que con el tradicional crédito comercial”. Por eso, explica, con la crisis el crédito comercial se ha desplomado mientras el factoring ha seguido creciendo a tasas anuales del 12%. En la actualidad, el sector público supone el 20% de las operaciones de factoring de España: la banca suele valorar su capacidad de pago, aunque en algunos casos las empresas tienen dificultades para descontar sus facturas: por ejemplo los bancos y cajas catalanes están al límite en el riesgo crediticio que mantienen con la Generalitat, Algunos ayuntamientos, en el otro extremo, son considerados poco solventes.