Cuatro hospitales cubren las necesidades sanitarias del sureste de Londres. Tres de ellos son de gestión privada y los últimos años han generado un déficit de cientos de miles de libras. El cuarto, el Queen Mary, es público. Los contratos de los tres centros en números rojos son intocables, por lo que la opción tomada por la Administración sanitaria británica ha consistido en recortar servicios del Queen Mary. De momento, se han eliminado las urgencias y la atención materno infantil, que han asumido los otros hospitales.

El ejemplo lo puso ayer Sally Ruane, profesora de la Montfort University (Leicester, Inglaterra), una economista que lleva desde 1996 estudiando el impacto de la gestión privada en la sanidad pública británica, que considera negativa por varios motivos. Por un lado, cuestiona el argumento de que se trate de una fórmula beneficiosa para las arcas públicas. Pero, además, apunta que puede afectar a los servicios que presta la red asistencial, y que, de hecho, lo está haciendo, como demuestra el ejemplo de Londres.

Ruane ofreció ayer la conferencia Coste social de la privatización de la sanidad. La experiencia inglesa, invitada por la Asociación Ciudadana para la Promoción y la Defensa de la Sanidad Pública del País Valenciano (Acdesa). El hecho de que ella sea británica y su charla tuviera lugar en Valencia no es ninguna casualidad. El Reino Unido es uno de los países europeos que más lejos ha llegado en la aplicación de la gestión privada a su sistema de salud y la Comunidad Valenciana es la autonomía que más ha apostado en España por esta modalidad, hasta el punto que con la reciente apertura del hospital del Vinalopó el control privado se ha extendido ya a cinco hospitales y al 20% de los pacientes de la red pública. El modelo valenciano ha ido incluso más lejos que el británico. Mientras que el National Health Service concierta con empresas que construyen hospitales y se ocupan de todos los servicios (limpieza, hostelería, mantenimiento) menos el sanitario, en el caso valenciano, las concesionarias también corren con el control de médicos y enfermeras.
La experta Sally Ruane advierte de los riesgos de la experiencia británica
La exposición de Ruane sirvió para poner sobre la mesa algunos aspectos que tienen en común los modelos británico y valenciano. Uno de ellos es el argumento de que la gestión privada es una medida de ahorro para las arcas públicas. La Generalitat insiste en que ofrece una rebaja en los costes del 25% por paciente. Sin embargo, ayer la profesora universitaria habló del extraordinario negocio que representa para estas firmas. En el caso británico, frente a una inversión de 13.000 millones de libras, los consorcios que gestionan los centros recibirán de la agencia pública sanitaria 70.000 millones en los próximos 40 años. "Son contratos muy costosos y difíciles de modificar", apuntó.

Existe otro problema, y es el reducido número de empresas que pueden participar en estos costosos proyectos, lo que se traduce en "una falta de competencia" que, a su vez, deriva en que estas firmas acaban teniendo "mucho poder en las negociaciones con las agencias públicas". Así, las condiciones económicas que consiguen son más ventajosas que las que marcaría un mercado más abierto y más competitivo. "Funcionan en la práctica casi como cárteles", comenta Ruane. El paralelismo con el caso valenciano vuelve a ser evidente. No solo porque únicamente hubo un candidato -una unión de empresas- en cada uno de los procesos de adjudicación de los cinco centros que hay en funcionamiento. Sino porque en todos estos casos, en las distintas uniones de empresas, estuvo presente Ribera Salud, la empresa participada a partes iguales por la CAM y Bancaixa que está presente en todas las adjudicaciones.