Las cuentas depositadas en el registro mercantil por la empresa concesionaria del Hospital Universitario de Burgos reconocían ya en 2010 un desfase de unos 200 milones de euros, lo que casi duplica el precio de adjudicación de la obra. Este será uno de los aspectos a analizar por la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea, que estudia la denuncia de un particular sobre una presunta vulneraciónd de la Ley de Competencia y de varias directivas europeas en el proceso de ejecución de las obras y equipamiento del nuevo centro hospitalario

Tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Economía estudian posibles irregularidades en la financiación del nuevo hospital de Burgos

El centro fue construido y equipado por una sociedad anónima que engloba a empresas financieras, de servicios y constructoras, entre ellas una sociedad limitada participada, entre otros, por empresas de Méndez Pozo y Arranz Acinas. A cambio, la empresa ha recibido la concesión de catorce servicios no asistenciales durante los próximos 30 años. Es la llamada fórmula de concesión de obra pública.

Aunque el precio cerrado de adjudicación fue de 242 millones de euros se fue incrementando con varios modificados, entre ellos uno para compensar a la empresa el incremento de costes financieros. Además, fue la propia adjudicataria, la Junta de Castilla y León, la que avaló un crédito del Banco Europeo de Inversiones a la empresa concesionaria en 2011, un año antes de la entrada en funcionamiento del centro hospitalario, que en la primera previsión tendría que haber estado operativo en 2009.

Ha sido la denuncia de un particular la que finalmente ha destapado la caja de los truenos. La denuncia señala una serie de irregularidades y apunta como responsables a la empresa concesionaria, la Junta de Castilla y León y el Banco Europeo de Inversiones, entre otros.

Sostiene que en el procedimiento se han vulnerado varias directivas europeas y la Ley de Competencia porque la empresa adjudicataria tuvo un trato ventajoso.

Ahora la Comisión Europea ha decidido examinar la denuncia para determinar si abre un procedimiento de infracción.

De forma paralela, el Ministerio de Economía español instruye un expediente por infracción de la Ley de Auditoría de Cuentas por no presentar a tiempo las de 2011. Poco después de la apertura del expediente, la empresa registró las cuentas, aunque el procedimiento sigue adelante y podría dar lugar a una cuantiosa sanción.