El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dado nombre a una iniciativa por la que se espera que los programas operativos relacionados con la eficiencia energética –lo que incluye los del ámbito sanitario, y, más en concreto, los que se aplican a complejos asistenciales, sean hospitales o centros de salud– no computen como déficit en el balance de cuentas de los Estados miembros, ya que, de hacerlo, se presupone que pondría a los gobiernos nacionales en un compromiso ante su electorado, que ha recibido el mensaje de que los recortes que han sufrido en su economía se compensarán con el saneamiento de las cuentas públicas.

Preguntada al respecto por este periódico, la secretaria de Estado de Presupuestos de Hacienda, Carmen Gamir, ha declarado que el hecho de que cuenten o no como déficit esos planes "se verá en función de cómo se articulan los contratos" que, según ha subrayado, aún no se han conformado ni mucho menos firmado.

Hace menos de un mes, el Gobierno que encabeza Mariano Rajoy plasmó sobre el papel el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 por el cual la nación se compromete a seguir las recomendaciones del Consejo Europeo en materia de política económica a partir de dos informes presentados por el Ejecutivo español el pasado 30 de abril: el Programa de Estabilidad para el periodo 2014-2017 y el Programa Nacional de Reforma de 2014.

En todo caso, esta situación también afecta a profesionales que trabajan en compañías privadas que esperan ser contratadas por las organizaciones asistenciales para la ejecución de proyectos de eficiencia energética a partir de los fondos comunitarios. Y el hecho es que España aspira a cumplir a medio plazo las recomendaciones emitidas por el Consejo Europeo para hacer un uso adecuado de la financiación que le ha sido concedida, en concreto de alrededor de 36.000 millones de euros de acuerdo con fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este periódico.