El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a instancias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Proyecto de Real Decreto por el que se fijan las bases para establecer los importes máximos de financiación en ortoprótesis. Con anterioridad a esta norma, cada Comunidad Autónoma establecía su propio catálogo de ortoprótesis, lo que daba lugar a importantes diferencias. Con este acuerdo, el ciudadano accederá al mismo producto, con el mismo importe máximo de financiación, con independencia de dónde viva.

Este nuevo Real Decreto contempla el establecimiento de un catálogo común y la creación de la oferta de productos ortoprotésicos del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el que sólo serán financiados los productos que las empresas oferten al SNS de acuerdo a los criterios establecidos, y su precio no podrá superar el importe máximo de financiación.

Asimismo, la aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, pero con distintos límites, aún por establecer. Habrá tres tipos de aportación y quedarán exentos los productos que no sean de dispensación ambulatoria, como los implantes quirúrgicos. Además, quedarán exentos los casos que contempla el Real Decreto-ley 16/2012 (parados de larga duración que hayan perdido el derecho a percibir el subsidio, perceptores de rentas de integración social, de pensiones no contributivas, personas con discapacidad beneficiarias del sistema de prestaciones previsto en la ley de integración social de las personas con discapacidad, afectados por el síndrome tóxico, etc.). Tendrán aportación reducida de un 10% del precio de oferta los productos destinados a patologías más graves y más costosas.

La regulación de la prestación ortoprotésica, junto con los dietoterápicos, el transporte sanitario no urgente y los medicamentos forman parte de la cartera común suplementaria que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está configurando junto con las Comunidades Autónomas. Se trata de prestaciones que, en ciertos casos, requieren, como hasta ahora, de una aportación del usuario. Esta aportación se está fijando y unificando.

Farmacia ha sido el primer ámbito donde se han incorporado criterios de equidad en la aportación de los usuarios, lo que ya ha supuesto un ahorro de 636 millones de euros en los primeros tres meses de aplicación.

Con este decreto, el ciudadano accederá al mismo producto, con el mismo importe máximo de financiación, con independencia de dónde viva