Es un debate antiguo que en algún momento u otro ha salido a la palestra en los últimos quince años, pero no fue hasta ayer cuando un Gobierno ha reconocido haber debatido sobre la posibilidad de implantar el copago sanitario de manera inmediata, como medida para garantizar la sostenibilidad del sistema. Y la encargada de “abrir el melón” ha sido precisamente la persona que en los últimos meses se ha negado con rotundidad a debatir sobre la posibilidad de utilizar este sistema para atajar la hiperfrecuentación de las visitas al médico y, por lo tanto, reducir la factura pública, la ministra Trinidad Jiménez. Pocas horas después, hacía lo propio el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, quien reconoció que este asunto se planteó en el Consejo de Ministros para ser incluido en el real decreto de reducción del déficit aprobado el pasado viernes.

La ministra de Sanidad, en TVE, confesó ayer que su departamento “está estudiando” establecer el copago sanitario en algunos servicios, auque inmediatamente aclaró que “hay dudas lo suficientemente amplias” como para no adoptar esta iniciativa “en este momento”. Entre otras cuestiones, porque no están claras las “bondades” de ahorro que su aplicación supondría a corto plazo, que es en este momento la prioridad del Gobierno.

Las dudas de la ministra sobre la implantación de este sistema son las mismas que tuvieron sus antecesoras, entre ellas, la ahora vicepresidenta Elena Salgado: cómo hacer para que las personas con menos recursos –y citó textualmente a los jubilados- no resulten afectadas económicamente o su salud no se resienta. Además, se preguntó si “tenemos un sistema informático lo suficientemente desarrollado para poder discriminar entre aquellos que pueden o no pueden” afrontar este pago añadido. “No hay una posición clara y unánime sobre conveniencia de la medida porque entraña dudas que son razonables y legítimas que hay que considerar”, indicó.
Sanidad dice que lo estudia y Hacienda señala que se debatió para incluirlo en el decreto de recortes
Las palabras de la ministra hubieran ido a más, posiblemente, si no hubiese salido poco después el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmando que el copago es una de las medidas para controlar el gasto que estuvo sobre la mesa del Consejo de Ministros el pasado jueves, lo que evidentemente daba mayor fuerza al tema. Tal como explicó Ocaña, se decidió no incluirla en el decreto de ajuste porque “tiene un efecto ligeramente mayor en el control de gasto el descenso del precio de las medicinas más redistributiva”. Es decir, el argumento de Trinidad Jiménez pesó más que el sector económico del Gobierno.

Sus declaraciones dieron un matiz de inmediatez a un tema que lleva ocho años coleando y que, de alguna manera, ha defendido Cataluña. De hecho, el primer político que se atrevió a hablar de copago (en concreto, el establecimiento de una tasa de un euro por cada visita al médico) fue la consellera de Salut, Marina Geli, quien no ha cesado en su empeño de ponerlo sobre la mesa del Consejo Interterritorial de Salud siempre que ha tenido ocasión de hacerlo. Fuentes próximas a este órgano de representación autonómica indicaron que también se debatió en la última reunión que mantuvieron y en la que se llegaron a acuerdos para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Entre los que se han mostrado a favor de implantar algún tipo de medida disuasoria destacan los consejeros de Madrid y Castilla-León, ambos del PP.