Las escuelas y los centros sanitarios privados pero con concierto con la Administración pública deberán ajustarse el cinturón en virtud del plan de ajuste presentado por la Generalitat. La medida inmpactará de pleno sobre las plantillas de estas empresas: unos 70.000 trabajadores.

Convencido de la necesidad de recortar el déficit público y a la espera de que el Gobierno encare las reformas estructurales, Antoni Castells salió ayer al ruedo para dar cuenta de las líneas maestras del Govern en esta materia. El conseller de Economia está a la espera de que el Gobierno elabore el decreto que establecerá una rebaja media del sueldo de funcionarios del 5%, y que la Generalitat quiere trasladar a los trabajadores de las empresas públicas catalanas y también a los de todas los centros concertados, que en Catalunya son principalmente escuelas y hospitales.

La conselleria entiende que si se quiere aplicar el concepto de "equidad" no puede ser que sólo los funcionarios sean los afectados por el recorte salarial. La posibilidad de trasladar la medida a las empresas públicas dependerá del decreto que elabora el equipo de Rodríguez Zapatero, pero, en cambio, el Govern ya se ha puesto en contacto con las empresas concertadas para hacerles llegar su intención de rebajar el concierto: "Nosotros pagamos una tarifa por estos servicios y vamos a ajustarla para que se apliquen los recortes", subrayó Castells en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu.

La directora de la patronal de la sanidad concertada Unió Catalana d`Hospitals, Roser Fernández, advirtió ayer que los profesionales del sector –unos 45.000– en el 2009 y el 2010 "se han congelado los salarios a diferencia de lo que ha sucedido en la sanidad pública". Fernández precisó que del concierto que reciben un 65% corresponde a pago de salarios y otro 35% al resto.

En el caso de la educación concertada, "un 90% de los pagos van directamente a salarios de los profesores", explicó ayer Carles Armengol, responsable de la patronal Fundació Escoles Cristina de Catalunya, que representa a más de la mitad del sector. Armengol cree que un recorte en el concierto acabaría afectando a los salarios de unos empleados que trabajan más horas que en la escuela pública. Armengol también explicó que una hipotética subida de las cuotas que pagan los padres en la escuela concertada no es la solución para compensar un recorte, puesto que esa cuota es una parte muy pequeña del coste total de la educación.

El Govern persigue que la rebaja salarial se aplique en la empresa pública y concertada, además mantendrá los proyectos previstos pero retrasará los nuevos
El presupuesto conjunto del Govern para el 2010 fue de 39.699, millones. El Govern abordó en su reunión los conceptos básicos con los que intentará rebajar el déficit al 1,1% en el 2013 (ahora está en el 3,25%), aunque no detalló medidas ni cifras a la espera de que el Gobierno concrete su propuesta. Además del referido recorte salarial, que en el caso de los altos cargos será el mismo que decida Madrid –en principio del 15%–, Castells señaló que se estudia con el resto de las conselleries los nuevos servicios (ley de la dependencia) y prestaciones que debían ponerse en marcha ya que algunos tendrán que "paralizarse" y otros "ralentizarse". Un criterio similar se aplicará en el ámbito de las infraestructuras, donde se mantendrán los proyectos previstos pero se retrasará la ejecución de los que no se consideren imprescindibles y, asimismo, se restringirán las nuevas licitaciones. En cuanto a la presión fiscal y tal como había anunciado, la Generalitat aumentará del 7% al 8% el impuesto de transmisiones patrimoniales, que afectará a la compra de vivienda usada y que se iguala al aumento en un punto del IVA por la vivienda nueva. El tributo sobre actos jurídicos documentados se incrementará el 0,2%.


Otro de los objetivos del Govern es llevar a cabo una simplificación de la Administración catalana, con la supresión de algunas entidades y la racionalización del gasto público y se espera que a finales de mes este listo el informe encargado a un grupo técnico. Tras esbozar su estrategia, quedó claro que el conseller considera necesarias las medidas de Zapatero, aunque en privado en el Govern no ha gustado la congelación de las pensiones.