Tras salvar el miércoles al Gobierno central en la votación sobre el proyecto de ley de negociación colectiva, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pudo anunciar ayer varios traspasos que ambos Ejecutivos cerrarán en las próximas semanas. Entre ellos, el de los edificios de la Seguridad Social que el Gobierno catalán reclama para vender y hacer caja con el fin de reducir el déficit. Entre esos inmuebles hay siete hospitales y la sede del Instituto Catalán de la Salud (ICS), con lo que la Generalitat podría ingresar entre 300 y 400 millones de euros.

A pesar de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, trató de desvincularlo de su abstención en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley de negociación colectiva, el anuncio llega después de que CiU salvara al Gobierno central del varapalo que habría supuesto perder esa votación. Y es que a la par que CiU se abstenía, pactaba una enmienda transaccional con el PSOE que abría la puerta al traspaso de los hospitales. Esa transferencia se produciría en dos fases. Fuentes de CiU explicaron que primero la Tesorería de la Seguridad Social traspasaría sus inmuebles al Estado para saldar una deuda cercana a 10.000 millones de euros que arrastra por préstamos para compensar las insuficiencias de financiación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. El Gobierno, según esa enmienda, debe realizar los cambios normativos necesarios para realizar esa operación y cancelar esos préstamos.
El Gobierno de Mas alquilará luego los edificios al comprador y podría ingresar 400 millones por la venta

El segundo paso consistiría en traspasar la titularidad de los edificios gestionados por comunidades a las Administraciones que lo reclamen. Y Cataluña ya ha reclamado la sede del ICS y los hospitales de Vall d`Hebron, Bellvitge, Josep Trueta, Germans Trias i Pujol, Arnau de Vilanova, Viladecans y Verge de la Cinta de Tortosa. Los dos Ejecutivos deben pactar ahora los plazos, aunque fuentes del Gobierno confían en cerrar la negociación "en cuestión de semanas".

Mas quiere vender los edificios con una opción de recompra y pagar un alquiler o un canon para seguir ocupándolos. En total, podría ingresar entre 300 y 400 millones de euros, aunque fuentes del Ejecutivo matizaron que aún no hay una tasación. Esa cantidad se uniría al plan de desinversiones de 410 millones para este año.