La ley Ómnibus que prepara la Generalitat, que prevé la entrada de la actividad privada en los hospitales públicos, amenaza con desestabilizar el modélico equilibrio entre la red sanitaria pública y privada.

La iniciativa ha sido duramente contestada tanto por el sector público como por el privado.
El primero considera que la apertura de los centros públicos a la actividad de las mutuas es «una clara privatización» que perjudica «por principios a la universalidad de la asistencia sanitaria». Las entidades privadas, por su parte, lo ven como una «competencia desleal» y advierten de que con esta nueva fórmula se crearán dos velocidades asistenciales, que perjudicarán a las personas con menos recursos.

La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), que agrupa a 135 centros privados del sector de la salud, considera la iniciativa «totalmente inoportuna» por «los momentos de crisis que atraviesa el sector y por los «graves» problemas de viabilidad que tienen las mutuas. En un comunicado, ACES advierte del impacto de esta medida y avanza que «los más de 25.000 profesionales que trabajan en el sector, verán amenazado su empleo».
Le acusa de fomentar la «competencia desleal» al permitir la actividad privada en la red pública fomentar la «competencia desleal» al permitir la actividad privada en la red pública
Dos categorías de pacientes

Además, según ACES, la modificación de la actual legislación hará aflorar dos categorías de pacientes: «los que pagan y los que no», y creará «dos listas de espera y dos velocidades asistenciales», que perjudicarán a los pacientes que no paguen. ACES reclama en un manifiesto una reunión urgente con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para que «retire de forma inmediata esta medida».