La crisis económica ha machacado las cuentas públicas, generando un déficit enorme que se ha financiado con endeudamiento. La gravedad de la situación obligó al conjunto de las administraciones autonómicas a tomar una serie de medidas para reducir el gasto sanitario: recortes en el precio de los medicamentos, reducción del salario de los profesionales sanitarios (en tanto que asimilados a funcionarios) y retraso en los pagos a proveedores. Estas medidas han tenido un impacto positivo en las cuentas públicas, pero se trata de acciones coyunturales, con efectos limitados en el tiempo, y que no abordan las reformas necesarias.

¿Cuáles son esas reformas? De modo inmediato, las más necesarias son las que favorezcan la viabilidad económica del sistema sanitario. Básicamente, se pueden resumir en medidas destinadas a incrementar los ingresos públicos y las orientadas a disminuir los gastos sanitarios. La obtención de mayores ingresos a través de tasas e impuestos parece una vía agotada.
La viabilidad del sistema requiere unas reformas que precisan coraje político y sobrepasan el ámbito catalán
La única vía no explorada - y no exenta de polémica-para incrementar los ingresos públicos es que los usuarios asuman directamente una parte del coste de los servicios. Por su parte, la reducción de gastos sanitarios se ve limitada por la propia rigidez del sistema público y tan sólo los recortes en la cartera de servicios sanitarios parece una opción que analizar, aunque tampoco exenta de polémica. Así pues, la escasa predisposición de los ciudadanos a asumir una mayor responsabilidad económica junto con la aversión de los políticos a tomar decisiones potencialmente impopulares, no invitan precisamente al optimismo, con relación al potencial éxito de estas medidas.

A medio plazo, el reto principal es la mejora del funcionamiento del sistema de salud, y en este sentido, adquiere especial relevancia la revitalización del modelo sanitario catalán, es decir, la persistencia en la separación de las funciones de financiación y comrpa de servicios, de la prestación de los mismos.
Esta separación debería obligar, por un lado, a una evaluación de los resultados asistenciales y económicos obtenidos por los centros sanitarios y por otro, a una mayor transparencia y eficiencia en al contratación de los servicios.