Así lo ha asegurado el director general de esta entidad, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, en declaraciones a Europa Press, alegando que esta medida "vulnera las competencias del Estado en materia de prescripción y financiación de medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Del mismo modo, también ha reclamado al departamento de Ana Mato que abra un conflicto positivo de competencia ya que, según explica, no sólo contradice la Constitución española, sino también el derecho comunitario.

"Al tratarse de un convenio, limita la participación de todos los laboratorios fabricantes al exigirles una previa producción mínima, restringiendo la competencia y libre concurrencia, contraria al principio de libre circulación de mercancías", asegura Rodríguez de la Cuerda.

AESEG también está valorando emprender acciones legales contra la Junta de Andalucía porque, ha insistido su director general, esta medida "vulnera los pilares de cohesión, equidad y universalidaddel SNS", ante lo que "el principal perjudicado es el paciente".

No obstante, Rodríguez de la Cuerda también admite que esta medida también conllevaría una "profunda transformación del sector industrial de los medicamentos genéricos", que a su juicio "se verían obligados a restringir drásticamente su actividad en términos de empleo, planes de inversión y productividad por la obligada salida del mercado andaluz".
La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha solicitado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que promueva la interposición, por parte del Gobierno, de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma que establece en Andalucía la convocatoria de una subasta para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de la comunidad, en caso de prescripción por principio activo.