La Generalitat planea desmantelar el paraguas del Instituto Catalán de la Salud (ICS) para dotar de autonomía absoluta a los ocho hospitales públicos de referencia que gestiona el organismo y los convertirá en sendas empresas con personalidad jurídica propia, según diversas fuentes del sector. El desmantelamiento del ICS, empresa pública que emplea a unos 41.000 profesionales y que presta cobertura sanitaria a seis millones de ciudadanos, podrá concretarse a través de las modificaciones implantadas por la ley de agilidad administrativa, conocida como ley ómnibus, que está en proceso de tramitación parlamentaria.

Esta norma abre la puerta a la mayor autonomía de los centros sanitarios de titularidad pública y también prevé que estos puedan desarrollar actividades de pago, es decir, propias de la sanidad privada. La ley ómnibus se apoya en la modificación de un aspecto de la ley del ICS de 2007, que pretende dar mayor autonomía de gestión a los centros públicos. La norma, que desató una guerra entre Generalitat y sindicatos, ya preveía que los centros gestionados por el instituto público podrían desarrollar actividades privadas, por ejemplo a través de aseguradoras o mutuas, por "razón de interés público".

El tripartito intentó en 2007 trocear el ICS en diferentes centros sanitarios dotando a cada uno de mayor capacidad de gestión, pero el plan no se materializó por la oposición del personal sanitario y el temor a que la autonomía endeudara a los centros.

Con la partición del ICS que plantea ahora la Generalitat de CiU, cada hospital se convertirá, además, en una especie de compañía independiente: deberá gestionarse como una empresa disgregada del ICS y tendrá autonomía también en el presupuesto, que deberá cuadrar ante el Departamento de Salud. El ICS, por su parte, ejercerá como un holding de compras a la que acudirán los ocho hospitales para abaratar la adquisición de productos y medicamentos.
La `ley ómnibus` convertirá cada centro en una sociedad con autonomía de gestión
La desaparición de facto del ICS avanza en la voluntad de agilizar y mejorar la gestión de las empresas públicas, argumento que la Generalitat emplea para defender la aprobación de la ley ómnibus. Los sindicatos, sin embargo, recelan de este razonamiento y advierten de que volverán a movilizarse para evitar el troceo del ICS como en 2007. "Nadie ha podido demostrar que la gestión sanitaria mejorará convirtiendo los hospitales públicos en empresas", advirtió la responsable de sanidad de CC OO, Carmen Navarro. "No hay ningún aspecto positivo en parcelar el instituto. Es muy peligroso porque facilita la privatización de los hospitales. Y tras ver la deriva actual de la Generalitat estamos convencidos de que querrán hacerlo", opina Navarro.

El Sindicato de Médicos, por su parte, aboga por reclamar a la Generalitat una hoja de ruta más clara y coherente en relación con la gestión sanitaria. "En realidad, dar una mayor autonomía a los centros sería lo ideal, pero no de forma errática", señaló el portavoz de este sindicato, Eugenio Tirado. "En estos momentos es más importante aclarar el desbarajuste de los recortes".