La sanidad va a tener un protagonismo inusual en esta campaña electoral. Una de las múltiples consecuencias de la crisis económica ha sido poner en cuestión lo impensable, como es el erecho a una sanidad pública, universal y gratuita. Desde hace bastantes años, en todos los países desarrollados el gasto sanitario crece a un ritmo superior al que lo hace la economía y a la capacidad de recaudación fiscal de los gobiernos para financiarlo.

El sistema sanitario español, financiado mediante impuestos y con su gestión transferida a las autonomías, presume del reconocimiento de sus usuarios y de una excelente valoración internacional, yaunque el gasto sanitario es inferior al de la mayoría de los países de nuestro entorno, el gasto real siempre ha superado las previsiones presupuestarias. Los sucesivos déficits generados se han sorteado, con relativa facilidad en tiempos de bonanza, mediante asignaciones extraordinarias caídas del cielo en el último minuto.

Durante años, las advertencias lanzadas desde múltiples foros sobre la necesidad de reformar el sistema de salud para hacerlo eficiente y sostenible han caído sistemáticamente en saco roto. La reforma sanitaria nunca ha estado en la agenda de nuestros políticos. Pero la crisis económica ha puesto al descubierto la fragilidad de las cuentas públicas. Desde el 2007 los ingresos del Estado han llegado a caer más de un 40% y pese a los esfuerzos para reducir los gastos, se ha debido recurrir a un notable endeudamiento para afrontar los compromisos económicos. El resultado es bien conocido: los ahorros generados se consumen en el pago de los intereses de la deuda, no tenemos dinero suficiente para mantener el sistema de salud y no parece que esta disposición vayaa mejorar en los próximos años. Pese a que la situación económica de las autonomías es desoladora, hasta el momento la gran mayoría se ha limitado a retrasar el pago a sus proveedores (en algunos casos ¡más de 800 días!) y a mirar hacia otro lado, pero no dilatarán la implantación de sus acciones de ajuste más allá del día siguiente de las elecciones.


Las políticas de recortes y ajuste presupuestario deben acompañarse de reformas estructurales en profundidad

Catalunya, resuelta su cita electoral hace un año, ha sido la comunidad que ha liderado un doloroso aunque corajudo ejercicio de realismo económico, que ha supuesto la reorganización de servicios sanitarios, la pérdida de puestos de trabajo y múltiples protestas en defensa de la sanidad pública y de la calidad de la asistencia sanitaria. Ante este escenario, cabe esperar de los partidos alguna aportación más elaborada que un genérico aliento a la defensa del derechoauna sanidad pública universal y gratuita. Lo más que se percibe es un runrún creciente sobre la responsabilidad de las autonomías en la generación del déficit y la conveniencia de recentralizar el Estado, recuperar competencias transferidas y vertebrar el sistema sanitario alrededor del Ministerio de Sanidad.

Los recortes son imprescindibles a corto plazo, pero no pueden sostenerse indefinidamente. Ciudadanos, profesionales, hospitales y centros de salud, empresas proveedoras, sobre quienes recae el grueso de los ajustes, pueden entender la necesidad de ceñirse el cinturón, pero cualquier sacrificio para que sea asumido y tenga sentido debe apuntar a un futuro posibleymejor.

Si en los próximos meses se generalizan duras políticas de recortes y ajustes presupuestarios sin acometer reformas estructurales en profundidad, difícilmente se va a poder garantizar el derecho a una sanidad pública, universal y gratuita. Entre otras reformas hay que replantear la financiación el sistema sanitario –más presupuesto, más impuestos, pago de los ciudadanos por los servicios utilizados o todo ello–, la evaluación de las nuevas incorporaciones al catálogo de prestaciones y revisar las existentes. Los cargos directivos, copados políticamente, deben profesionalizarse. Hay que desburocratizar el sistema, las instituciones sanitarias deben adquirir una imprescindible autonomía de gestión, entidad jurídica propia y órganos de gobierno que la garanticen.

El régimen funcionarial de los profesionales sanitarios, adecuado para otros ámbitos de la administración pública, debe sustituirse por un régimen laboral acorde con una necesaria cultura de transparencia y de evaluación de resultados, que permita distinguir a profesionales e instituciones. La crisis es una oportunidad para impulsar reformas que los políticos se resisten a asumir por impopulares, pero que son imprescindibles para un sistema sanitario excelente y sostenible.

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