El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los Consejos Generales de Médicos y Enfermería ya tienen un punto de encuentro sobre la colegiación, amenazada la universalidad de ésta desde las esferas técnicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Las dos partes, la Administración sanitaria y los órganos colegiales de representación, están madurando extender el modelo gallego a todo el ámbito nacional, que recoge que la adscripción solo es obligatoria para aquellos profesionales que están en contacto directo con el paciente, más allá de que la prestación del servicio sea pública o privada.

Esta fórmula fue la que puso en marcha en Galicia Pilar Farjas, hoy secretaria general de Sanidad y Consumo del ministerio, cuando era consejera de la Xunta. En su momento, fue una decisión muy aplaudida por los colegios de médicos locales, que venían de una época sin adscripción obligatoria, dictada por el Gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño. Según ha podido saber Redacción Médica, en el seno de los consejos generales sanitarios la idea gusta porque tiene lógica asistencial, y tal vez porque la consideren un mal menor, vistas las ansias liberalizadoras de los técnicos de Hacienda.

Ahora queda el camino para sentar las bases de esta reforma. Lo lógico sería que se recogiera en el Libro Blanco de las Profesiones Sanitarias que ha encargado el propio ministerio a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y en el que van a participar precisamente con su asesoramiento los presidentes de los Consejos Generales de Médicos y Enfermería, Juan José Rodríguez Sendín y Máximo González Jurado como coordinadores del grupo de trabajo específico que se ha creado para este encargo dentro del Consejo Asesor de Sanidad. Posteriormente habría que ver si se trata de implantar a través de una modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), y cómo incidiría eso en autonomías como Andalucía, que reserva solo la obligatoriedad de la colegiación a aquellos profesionales que trabajan en la privada, y guarda el control sobre los que contrata la pública.
Siguiendo el modelo que ya implantó Pilar Farjas en Galicia en su etapa de consejera