En los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social -dependiente del Gobierno central- figuran 98 inmuebles susceptibles de ser transferidos a Andalucía. Se trata de edificios vinculados a la asistencia sanitaria cuya titularidad el Ministerio de Trabajo e Inmigración está dispuesto a ceder al Gobierno regional. La Junta de Andalucía debe decidir ahora los inmuebles que quiere quedarse, aunque el uso de todos ya está en sus manos debido a que las competencias en materia de salud están transferidas desde mediados de los años ochenta.

El Gobierno autónomo está elaborando un informe sobre los inmuebles que le interesan antes de formalizar su petición. Ese estudio se analizará en la próxima reunión de la comisión bilateral entre la Junta y Estado, que está previsto que se celebre durante la segunda quincena de septiembre. La cesión de las instalaciones fue uno de los acuerdos a los que llegaron el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el vicepresidente del Gobierno de Política Territorial, Manuel Chaves, en la reunión celebrada el martes en Madrid.

Sobre la mesa de negociación están esos 98 inmuebles: 16 centros de especialidades, 60 centros de salud, 10 edificios hospitalarios y 12 residencias sanitarias, según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Con todo, este catálogo tiene que actualizarse todavía, reconocen la Junta y el Gobierno central.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, señaló esta semana que al menos 17 complejos hospitalarios andaluces siguen siendo titularidad del Gobierno central. Además, algunos de ellos, como el Virgen del Rocío (Sevilla) o el Reina Sofía (Córdoba) están inscritos por la Administración central como varios inmuebles diferentes, aunque para la Junta de Andalucía sean una única instalación hospitalaria.

Desde el punto de vista de esta consejería -que hasta ahora utilizaba los inmuebles mediante una "transferencia de utilización indefinida"- el traspaso de la titularidad supondrá una agilización de algunos trámites administrativos, por ejemplo, a la hora de realizar obras y reformas.

La Junta espera ganar valor patrimonial y financiación adicional con el traspaso
Para las delicadas arcas de la comunidad autónoma la operación tiene más calado. Por un lado, supone un "importante valor patrimonial" para la Junta, como señaló Griñán tras la reunión del martes con Chaves. Pero, además, la Junta estudia fórmulas de compra y posterior alquiler de los complejos hospitalarios, según reconoce Mar Moreno, consejera de la Presidencia. Se trataría de una fórmula parecida a la que ya ha anunciado la Generalitat catalana, que en junio hizo pública su intención de vender los edificios que la Seguridad Social les traspasará. Luego, el Gobierno catalán pagaría un alquiler o un canon para seguir ocupando estos inmuebles, entre los que se encuentran siete hospitales y la sede del Instituto Catalán de la Salud. La Generalitat espera ingresar con la operación entre 300 y 400 millones de euros.

Esta posibilidad también la admite el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que reconoce que el traspaso de los inmuebles a las comunidades permitirá "una gestión patrimonial activa a los gestores sanitarios, lo que disminuye sus dificultades de financiación en un momento delicado".

La operación de traspaso de titularidad tiene una doble función. Esos inmuebles -unos 600 en todo el país- son propiedad ahora de la Seguridad Social, que se los va a traspasar al Ministerio de Trabajo e Inmigración. Con este primer paso, la Seguridad Social salda parte de la deuda millonaria que tiene contraída con el Estado desde hace años. Luego será el ministerio el que, a su vez, transfiera los edificios a las comunidades, una reclamación histórica de algunas regiones.

Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el casi centenar de inmuebles de la Seguridad Social en Andalucía tienen un "valor inicial" de 156 millones de euros. Pero, según reconoce el ministerio, se trata de unas valoraciones que están desfasadas.