Ajuste duro en toda la sanidad pública, `tocada` por la crisis

22/04/2011
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Cuatro meses después del cambio de Gobierno en la Generalitat, el sistema de salud catalán se enfrenta a un drástico plan de ajuste que exige la reducción de entre el 8 y el 16% del gasto en los casi 80 centros sanitarios de su red. La finalización de contratos eventuales, el cierre de quirófanos durante la tarde, el aplazamiento de obras, el alquiler de instalaciones o la dilatación de plazos entre segundas visitas médicas son algunas de las medidas esbozadas por las gerencias para dar respuesta a las duras exigencias presupuestarias, que obligan a reducir el gasto en unos 950 millones de euros. Con la oposición a los recortes ya en la calle, y en un intento de reconducir la explosión informativa, el consejero de Salud ha asegurado que en los planes que se concretarán en los próximos días el Govern "no cruzará la línea roja que afecte a la calidad del servicio", apuntando que el principal impacto para el usuario se vivirá en las listas de espera, que necesariamente tendrán que alargarse.

El crecimiento sostenido del gasto sanitario, asociado al éxito clínico de una asistencia cada vez más capaz, choca ahora con una crisis financiera que impone el ahorro y obliga a pisar el freno. La urgencia en los planes de ajuste de la Generalitat sitúa el foco en Cataluña, pero todas las autonomías han iniciado medidas para contener una factura, la sanitaria, que absorbe entre el 30 y el 40% de sus presupuestos. Las cuentas para la sanidad de las CCAA han bajado en 2011 una media del 4,1% (-4,9 en Galicia) y la gestión de los recursos ha cobrado un nuevo protagonismo, empujando a las autonomías a explorar fórmulas de ahorro.

Las administraciones fiscales exigen recortes rápidos y la orden -sostiene un informe elaborado por PwC con la coordinación de los exministros de Sanidad Ana Pastor y Julián García Vargas- se aplica ahora a un sector, el sanitario, históricamente marcado "por un cierta desconsideración hacia el presupuesto" y "un cierto abuso del carácter de bien preferente". El documento, que cifra el déficit de la sanidad entre el 10 y el 15% de los presupuestos asignados por las comunidades autónomas (en torno a los 15.000 millones de euros), analiza así una tradicional "impotencia" de los departamentos de Hacienda en el control de gasto sanitario; una idea que concuerda con las siete inyecciones de financiación adicional que ha necesitado el sistema sanitario en democracia, la última en 2005 con la Conferencia de Presidentes.


Con la vista puesta en los recortes catalanes, la Xunta esgrime un plan ordenado de racionalización que en Galicia opera "desde el minuto 1 de legislatura"
En Galicia, la Consellería de Pilar Farjas asiste al reajuste catalán con la seguridad de haber actuado con previsión "desde el minuto uno de la legislatura". En el verano de 2009, cuatro meses después de la toma de posesión del nuevo Gobierno, Sanidade apostaba por elevar el rendimiento del horario ordinario en los hospitales del Sergas y anunciaba la reorganización de la actividad extraordinaria de tarde. La limitación impuesta a las horas extra -el primer año de aplicación cerraría con un balance de 6.844 cirugías menos- se acompañaba por una gestión de las listas por prioridad clínica, que a principios de 2010 se traducía en un repunte de nueve días en el tiempo medio de espera. "No queremos gestionar medias aritméticas, sino pacientes de acuerdo a la gravedad de su patología y sus circunstancias clínicas y sociales", explicaba la conselleira insistiendo en que había llegado el momento de gestionar cada euro.

En su primer verano al frente de la Consellería, Farjas iniciaba también una campaña escalonada de promoción de los medicamentos genéricos (equivalentes a las marcas innovadoras pero más baratos por no estar sujetos a patente), que a finales de 2010 se completaba con el catálogo priorizado de medicamentos -recurrido por el Gobierno estatal y paralizado cautelarmente por el Tribunal Constitucional-, en una apuesta decidida por concentrar la financiación pública en las versiones más eficientes de 34 grupos de medicamentos equivalentes, avalada por una ley del Parlamento autonómico.



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