El reglamento viene a unificar, garantizar y proteger los avances y descubrimientos en I+D+i en el ámbito sanitario de los investigadores que trabajan en el sistema sanitario público andaluz, a los que además se les incentivará económicamente. En su comparecencia al término de la reunión del Consejo, la consejera de Salud, María Jesús Montero, ha justificado la conveniencia de este nuevo paraguas legal tras resaltar que el sistema sanitario público andaluz (SSPA) se ha convertido “en la primera institución en España en producción de patentes en 2011 en el ámbito de la salud”.

Según ha subrayado, desde 2006, “año en el que el SSPA sólo contaba con tres patentes”, hasta el momento presente son ya 224 las patentes registradas por investigadores sanitarios andaluces (de ellas 94 sólo en 2011), “las cuáles ya han reportado hasta 1,8 millones de euros en reinversión para que estos grupos puedan seguir trabajando, además de registrar 24 licencias de explotación” por parte de empresas privadas. Del mismo modo, ha aludido a las cuatro empresas spin-off de base tecnológica creadas en suelo andaluz en los últimos años gracias a este esfuerzo inversor, “que también ha situado a la comunidad andaluza como la tercera comunidad en captación de fondos para la investigación sanitarias, sólo superada por Cataluña y en segundo lugar Madrid”.

Por ello, ha explicado que este decreto tiene como objetivo primordial “salvaguardar” los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación como “condición indispensable” para que pueda producirse la transferencia de resultados. Debido a ello, la nueva norma será de aplicación para el personal estatutario, laboral o investigador en formación de las agencias y demás entidades dependientes de la Consejería competente en materia de salud que desarrolle su trabajo utilizando los recursos de cualquier centro público de la Administración sanitaria.

La norma, además, establece los cauces y plazos necesarios para proteger la propiedad de este trabajo y establece el reparto de los beneficios de la investigación. Así, los profesionales tendrán 15 días para comunicar por escrito los resultados susceptibles de ser protegidos a la entidad competente, que será la que valore la conveniencia de dicha protección. Tanto las agencias como las demás entidades instrumentales tendrán la obligación de incorporar a los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo la consideración como mérito de los resultados de investigación, desarrollo e innovación obtenidos.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto que regula la propiedad intelectual e industrial en materia de salud,

Incentivaciones económicas

El personal investigador que haya obtenido un resultado protegido recibirá, igualmente, una incentivación económica especial, ya que su cuantía dependerá de los ingresos brutos anuales de la patente. De este modo, para aquellas que reporten hasta 10.000 euros, se determina un reparto del 65 por ciento para el investigador y del 35 por ciento para la entidad titular. Para las que estén entre 10.000 y 50.000 euros, el reparto será del 40 y el 60 por ciento; mientras que para los resultados que reporten más de 50.000 euros se fija en el 34 por ciento y el 66 por ciento de modo respectivo.

Según Montero, con este sistema el SSPA se sitúa así como el primero a nivel nacional que regula esta actividad, que ya estaba normalizada en las universidades y los organismos públicos de investigación. Si bien, la norma andaluza incorpora aspectos que la sitúan entre las más avanzadas del panorama nacional e internacional.