Hay fronteras en Europa que se resisten a caer y la de la Sanidad es una de ellas. Su coste es demasiado alto.

Si hasta ahora la falta de información era la mayor barrera a la movilidad de pacientes dentro de la UE, con el acuerdo alcanzado ayer por los ministros de Sanidad europeos sobre la directiva de asistencia sanitaria trasfronteriza los límites serán otros: la obtención de una autorización previa del sistema de salud de su país de origen. Sólo así el paciente podrá estar seguro de que recuperará el coste del tratamiento.

No hay cifras oficiales del fenómeno pero se cree que va en aumento, en paralelo con la creciente movilidad de los ciudadanos europeos. Y su carga potencial asusta a los sistemas nacionales de salud, en especial en tiempos de crisis. En el caso de España el fenómenosse asocia generalmente con el turismo sanitario que supuestamente practican 400.000 jubilados europeos que han fijado su residencia en España, atraidos no sólo por su sol y sus playas sino por su atención sanitaria.

Pero, como admiten en el Ministerio de Sanidad, "hay mucho de mito en todo esto" y de hecho el saldo económico por atender a extranjeros es positivo porque se recibe 2.800 euros por paciente al año y el gasto medio por español es de 1.800. A España, que bloqueó en diciembre la anterior propuesta de acuerdo por excesivamente onerosa, le interesa tanto controlar quién entra en su sistema de salud como quién sale de él para buscar asistencia médica en otro país de la UE (y luego vuelve para pedir que se le reembolsen los gastos). La propuesta original de la Comisión Europea, argumenta Sanidad, ponía en peligro la organización del sistema de salud español, que ofrece cobertura universal y gratuita, a diferencia de otros países de la UE donde el paciente asume parte de los gastos.

Tras meses de intensas negociaciones, la ministra Trinidad Jiménez logró sacar adelante ayer en Luxemburgo una propuesta que, destacó, da "una definición más equilibrada de los derechos de reembolso" y evita que la asistencia médica transfronteriza "suponga un coste excesivo para los sistemas nacionales". Las numerosas restricciones pactadas por los Gobiernos inquietan al Parlamento, que en otoño debe pronunciarse sobre la propuesta.
Los potenciales pacientes deberán tener autorización previa de su país y Sanidad puede decir no si el tratamiento es muy caro o su lista de espera es razonable
A través de un régimen de autorización previa se garantizará que los desplazamientos pagados por el sistema público español se limitan a casos avalados "por indicación médica o con proveedores claramente acreditados por el sistema nacional", subrayó Jimenez. Cada país tendrá criterios de calidad propios para asegurarse de que la alternativa europea ofrecen algo más que su sanidad. En la práctica, se deberá obtener autorización para todo tratamiento que precise hospitalización, implique el uso de técnicas médicas especializadas o caras, o suponga riesgos para el paciente. El reembolso podrá denegarse si el país de origen puede ofrecerle un tratamiento médico similar dentro de un plazo médico aceptable (que no precisa), teniendo en cuenta el curso de la enfermedad. En la práctica, sólo se podrá reclamar sin autorización previa los gastos por consultas, tratamientos ambulantes y urgencias.

También se podrá limitar su uso por razones imperiosas de interés general si se cree que peligra el equilibrio financiero de sus sistema de salud (no por un caso particular sino por su generalización). La directiva exige que estos supuestos se esgriman de forma proporcional y no discriminatoria. España, que como presidencia rotatoria de la UE redactó el texto, cree que este riesgo que d anulado. Portugal, Polonia, Rumanía y Eslovaquia votaron en contra porque creen que su coste sigue siendo demasia alto.

Otro aspecto de la propuesta original que preocupaba a España era la obligación de financiar tratamientos en hospitales privados europeos. El texto pactado ayer exime de esta obligación a países con un sistema sanitario basado en centros de titularidad pública y acepta que cada país decida los criterios de calidad por los que valorará las solicitudes.

Hay también límites económicos ya que es posible que los pacientes tengan que correr con parte de los gastos. La normativa precisa que en ningún caso recibirá una compensación superior al coste que el tratamiento tendría en su país de residencia ni exceder su precio real.