La última revisión del acuerdo firmado por las autoridades lusas y las instituciones internacionales para que Portugal reciba ayuda externa recoge recortes más profundos de lo pactado en mayo por el empeoramiento de las previsiones de 2012. La "actualización" del memorando de entendimiento con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) amplía la reducción de empleos en la Administración Pública, duplica el ahorro que se debe obtener en el sector de la Educación e incluso aumenta el número de pacientes por médico en la seguridad social, así como otras medidas sanitarias más costosas.
Según recoge la prensa lusa, acudir a un pediatra de urgencias, por ejemplo, que ahora ya cuesta 9,6 euros, va a valer, a partir del 1 de enero, 20 euros. Una urgencia básica €sin especialidad€ que ahora sale por 8,6 euros, costará 15. Una consulta médica normal, que ahora cuesta 2,25 euros, pasará a costar 5. La atención de un enfermero para una cura simple, hoy gratis, pasará a costar cuatro euros.

De estas medidas quedarán excluidos de pagarlas, entre otras personas, quienes cobren alrededor de 600 euros, las mujeres embarazadas o los pacientes crónicos (en las consultas relativas a su dolencia, no en las demás). El que no acepte se arriesga a una multa no inferior a 50 euros. Además, en la ley que regulará el abono de estas tarifas se especifica que, a partir de enero, todo enfermo que acuda a un hospital o un ambulatorio público portugués deberá pagar por adelantado, esto es, a la hora de ingresar en el centro, y no después, como ahora. Para ello, se recomienda que estos centros de salud cuenten con cajeros para sacar dinero y con medios suficientes para que "se pueda utilizar la tarjeta".

Recaudar 100 millones

Con estas tarifas, el Gobierno portugués aspira a recaudar 100 millones en 2012. No le basta esta cifra a la insaciable troika, que en su memorándum recomienda extraer de este tipo de tasas 150 millones. Es decir, según los especialistas del BCE, la UE y el FMI, Portugal debe subir aún más estas tarifas.


Las medidas de ajuste incluyen el desembolso de 4 euros por curar una herida
La revisión supone ajustes más profundos de los realizados hasta el momento en todas las áreas, y que ya afectan a la vida diaria de los portugueses. Prueba de ello es el sector sanitario, donde ya se procede al cierre de servicios de urgencias de determinados hospitales para derivarlos a otros centros de mayor capacidad. Sólo en 2012 se estima ahorrar 200 millones de euros en los costes de operación de los hospitales mediante reducción de personal directivo y concentración y racionalización de centros de salud "con vistas a reducir su capacidad".
Portugal pretende alcanzar estas metas al terminar el programa de rescate, en 2014, cuando habrá recibido la totalidad de los 78.000 millones de euros prestados por la UE y el FMI a cambio de un interés teóricamente más ventajoso €entre el 4 y el 5% anual€ del que obtendría si buscara financiación en el mercado.

Incrementar "por lo menos en un 20%" el número máximo de pacientes por cada médico de familia y de atención primaria en centros de salud y en un 10% en los ambulatorios es uno de los nuevos objetivos de Portugal para cumplir sus compromisos.

Otra novedad es la necesidad de "reducir costes" en el área de la educación con un ahorro de 380 millones de euros, cuando en mayo se hablaba de un recorte de 195 millones de euros. Para ello, se "racionalizará" la red escolar, eliminando pequeñas escuelas con escaso número de alumnos y agrupándolos en centros mayores.Esa medida hará posible bajar las contrataciones y centralizar las provisiones de material, para lo que el documento prevé "hacer un uso más intensivo de fondos europeos para Educación".

Reducir funcionarios

Entre los cambios más sustanciales entre el texto actual y el memorando original, destaca la reducción en un 2% del empleo ofrecido por la Administración Pública Central, exactamente el doble que en mayo. Las administraciones locales y regionales, por su parte, deberán igualmente acortar en un 2% su personal, cifra que en este caso se mantiene inalterada. En total, esta medida podría suponer la supresión de cerca de 37.000 puestos de trabajo. La reducción acortaría la plantilla de la Administración a unos 600.000 empleados.