El pasado mes de octubre las distintas entidades nacionales dedicadas a la evaluación de tecnologías sanitarias alcanzaron un acuerdo estratégico para cooperar entre ellas a la hora de desarrollar su labor. Este texto, que ha sido suscrito en Roma, lleva a efecto una de las medidas que preveía la Directiva europea de Asistencia Sanitaria Transfronteriza y viene a sentar las bases para trabajar en un entorno participativo, colaborativo y de consenso, según ha explicado a este periódico Paloma Casado, subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad.

Uno de los puntos que resaltan en el documento es la decisión de respetar la independencia de los agentes evaluadores y de los decisores políticos. Es decir, "se ha acordado trabajar de la misma manera", pero los informes que se generen "no serán vinculantes" entre los distintos países, aunque sí servirán para tomar decisiones, si bien, recalca Casado, para poder adoptar un informe que realice otra agencia europea es necesario realizar una contextualización al escenario del país que lo vaya a utilizar.

Por otra parte, el documento estratégico no entra a definir qué tecnologías deben priorizarse, sino que cada país será el que decida qué tecnologías han de ser evaluadas. En este sentido, Casado explica que cada país tiene unas necesidades y una realidad distinta, de ahí la necesidad de contextualización mencionada. Así, España tiene en cuenta qué prevalencia e incidencia tiene la enfermedad a la que se dirige la tecnología concreta, qué valor añadido tiene la tecnología y su implicación en la calidad de vida del paciente, pero también la carga económica y social de la dolencia". Estos criterios no son los mismos en todos los países europeos, si bien Casado reconoce que quizá "habría que llegar en el futuro a la definición de unos criterios de priorización a nivel europeo".