Este real decreto establece la presente Ley de Calidad de la Arquitectura. Se plantea como un instrumento legislativo necesario para consolidar un nuevo modelo de transición económica, energética y ecológica que promueva una mayor inclusión y cohesión social.

Se incluye como la reforma 4 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19, dentro de la política de la palanca 1, que lleva por título «Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura» y específicamente en la componente 2, que se centra en el impulso de las acciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales.

La finalidad de este decreto es apostar por la calidad arquitectónica, tanto en el entorno urbano como rural, reconociendo la dimensión cultural, como la prestación intelectual, artística y profesional, de una disciplina que incide transversalmente en múltiples aspectos de la sostenibilidad. Supone también reconocer su valor económico, no solo por su contribución a la generación de empleo e ingresos, sino también desde el punto de vista de la resiliencia y de la economía circular.

Por ello, debe considerarse que la arquitectura es un bien de interés general que demanda el reconocimiento de los poderes públicos, a los que se exige promover su protección, fomento y difusión, así como desplegar políticas públicas ejemplarizantes para la consecución de dichos objetivos.

El marco estratégico de la Agenda Urbana Española es, en perfecto alineamiento con la Agenda 2030 y con las Agendas Urbanas Internacionales, el que sirve de referencia, con su triple demanda de una mayor sostenibilidad social, económica y medioambiental.

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