Este plan de recuperación requiere la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de recursos de la administración pública, que permitirá la recuperación de la crisis económica causada por la pandemia de la COVID-19.

Los objetivos principales de este plan, en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, son la apuesta por la descarbonización, las infraestructuras verdes y el cambio a un sistema energético limpio. El PINEC 2021-2030, pretende lograr una presencia de las energías renovables del 42% en el año 2030. Se prevé una recuperación del empleo y de la actividad económica, que será clave para la transformación del nivel económico español.

La transición ecológica es uno de los puntos principales del PRTR que permitirá la reducción de la demanda energética de los edificios e infraestructuras públicas y del uso de combustibles fósiles, la introducción de tecnologías de alta eficiencia energética y fomentar las energías de origen renovable y el autoconsumo. Las prioridades de este plan están en sintonía con las 7 iniciativas bandera europeas (Flagship initiatives), en las cuales destaca la integración de las energías renovables.

En el año 2050 se pretende llegar a la neutralidad climática, gracias al uso de fuentes renovables para la producción de calor y frío, contribuyendo a la reducción de emisiones. El despliegue de nuevas redes de calor y frío con fuentes de energía renovable contribuye al desarrollo económico de las zonas rurales, reduciendo la importación de gas natural y otros combustibles fósiles. La reducción de la dependencia energética del país mejorará la seguridad del suministro energético y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, produciendo una mejora de la calidad del aire.

La gestión centralizada de las solicitudes y la publicación de las convocatorias de las ayudas se llevará a cabo por los siguientes motivos:

• Debido a la naturaleza de los proyectos y a las especificidades de los beneficiarios.
• La optimización del destino de las ayudas a las zonas con más demanda de redes calor y/o frío.
• La optimización de fondos públicos limitados, asegurando una efectividad del presupuesto disponible.
• La selección de los mejores proyectos con independencia de la Comunidad Autónoma donde se ubiquen.
• El desarrollo de proyectos que afecten a varias Comunidades Autónomas.
• La igualdad de acceso para los solicitantes a las convocatorias de nivel nacional.

Se adecúa al principio de seguridad jurídica, ya que contribuye a reforzar dicho principio siendo coherente con los planes y normativa vigente en materia de energías renovables y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento.

El principio de eficiencia se encuentra acreditado debido a que la iniciativa de la normativa no impone cargas administrativas innecesarias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Puede encontrar la documentación completa de la Orden TED/707/2022 haciendo click aquí