El gerente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Joaquim Casanovas, ha asegurado a Publicación de Directivos de la Salud que este organismo tiene previsto convertir en empresas públicas “un centro hospitalario y una agrupación de centros de Atención Primaria”, pero también ha matizado que la decisión de cuáles serán todavía no ha sido resuelta por el Consejo de Administración, en contra de la revelación del diario generalista de mayor tirada nacional, publicada el pasado 14 de diciembre, de que esa conversión se llevaría a cabo este año en los hospitales públicos de Lérida (Arnau de Vilanova) y Gerona (Doctor Trueta) además de en una decena de ambulatorios.

Además, Casanovas ha reiterado que la transformación en empresa pública de un hospital y de centros de salud dependientes del ICS responde tan solo a la aplicación de la ley de 2007 sobre este organismo, “que, por cierto, fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios” en Cataluña, y en la que se han introducido algunas modificaciones recientes con vistas a la “reformulación” de la institución. “Se trata, ahora, de hacer [ese cambio] progresivamente, ya que el ICS es de gran tamaño” y el proceso entraña algunas dificultades por esa razón, ha precisado.

Será, pues, su Consejo de Administración el encargado de definir qué centros del ICS verán alterada su figura jurídica y pasarán a ser empresas públicas a corto y medio plazo. En su nueva condición, cambiará la forma en que se gestionan, pero, según Casanovas, en modo alguno se trata de una privatización “entre otras cosas porque lo prohíbe la ley, que define al ICS como una empresa pública” ni tampoco de algo “excesivamente novedoso”, ya que existen ejemplos de hospitales catalanes ajenos a la institución que se rigen por este modelo, caso del Clínic de Barcelona.

El Consejo de Administración todavía no ha decidido de cuáles se tratan

Empresa pública versus administrativa

A diferencia de la gestión administrativa, la de una empresa pública incluye nuevas formas de distribuir las inversiones y los ingresos, y otras peculiaridades que afectan a su régimen económico-financiero. Pero de ahí a que se trate de un paso previo a la privatización o a la apertura de un centro al capital privado parece mediar un abismo, según se deduce de la conversación de Casanovas con este periódico, quien insiste en la condición legal de institución pública del ICS y de los hospitales y centros dependientes de él, y solo matiza que, conforme dictamina la Ley General de Sanidad de 1986, “sí se prevé la obligación de facturar a terceros”, por parte de la administración, los seguros obligatorios de enfermedad, accidentes de trabajo y de tráfico, etc. “Intentaremos desarrollar la ley de 2007 del ICS dotándole de mecanismos de gestión de empresa pública, no privada”, zanjó.