La transición hacia una economía descarbonizada, sin emisiones de dióxido de carbono, avanza dentro de la Unión Europea. Ésta, ha fijado sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) en un 55% para el 2030 y en un 80% para el 2050, además, ha definido la incorporación de un 32% de energías renovables y de mejora en la eficiencia energética^[1].

El sector de la edificación es uno de los sectores claves en cuanto a la descarbonización, ya que, actualmente, es el responsable del 36% de las emisiones de carbono de la UE. De estas emisiones, entre un 10% y un 20% corresponden al carbono embebido de la edificación^[2], aquel carbono que proviene de los propios materiales, los procesos de construcción, el transporte^[3] y la fase de fin de vida del edificio^[4]. El 80% restante se atribuye al carbono operacional, aquel que se emite durante la fase de uso del edificio^[5].

Para lograr que el parque inmobiliario cumpla con estos objetivos de reducir la dependencia del carbono en todas sus fases, los Estados miembros de la UE deberán implementar regulaciones cada vez más estrictas en el sector de la edificación. En este contexto, no todos los edificios estarán preparados para afrontar estos cambios, entrando en una obsolescencia prematura o lo que se conoce como obsolescencia por carbonización. Este hecho los convierte en “activos varados” o “activos obsoletos” como lo define el Climate Risk Real Estate Monitor (CRREM)^[6]. Por esta razón, tanto los Estados miembros de la UE como los inversores, han de trazar un plan a corto (2030), mediano (2040) y largo plazo (2050).

Desde el punto de vista climático, los edificios no solamente están en riesgo de quedar obsoletos debido a los posibles cambios en las regulaciones asociadas al proceso de descarbonización, sino que, también, y pese a los esfuerzos realizados hasta ahora, pueden quedar obsoletos por las cambiantes condiciones climáticas producto del calentamiento global. Esta variabilidad de las condiciones climáticas podría someter a los edificios, por una parte, a riesgos meteorológicos, como las inundaciones o incendios, y, por otra parte, al desafío de preservar el confort térmico frente a estas condiciones climáticas cada vez más inestables.  En este contexto, se hace evidente el potencial de la Eficiencia Energética (EE) en la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que la convierte en una variable determinante para el logro de los objetivos de descarbonización como se señala en la Directiva UE 2018/844^[7].

Los presupuestos de carbono, Acuerdo de París (2015)

Los presupuestos de carbono a nivel mundial se han fijado en función de dos escenarios, ambos en el marco del acuerdo de Paris (2015). Dichos escenarios definen los posibles límites de incremento de la temperatura para el año 2050. El primer escenario fija un incremento de 2ºC y el segundo escenario establece un incremento de 1.5ºC. Para no superar ninguno de estos dos escenarios sería necesario que todas las actividades económicas a nivel global no superasen respectivamente las cantidades de 784Gt/CO2e y 669Gt/CO2e en sus emisiones. Estos valores límite de emisiones de gases de efecto invernadero, se conocen como presupuestos de carbono, y se han de tener como referencia, tanto a la hora de estimar el riesgo de obsolescencia del edificio como a la hora de diseñar los escenarios que conducirán las trayectorias de descarbonización. Herramientas como el CRREM, Carbon Risk Real Estate Monitor^[8] y Arc Climate Risk^[9] se utilizan para analizar los datos de los activos inmobiliarios, permitiendo así a los profesionales del sector establecer trayectorias de descarbonización alienadas con los objetivos europeos.