Orden ETU/120/2017 | Información sobre medidas de ahorro y eficiencia energética
Orden ETU/120/2017, de 1 de febrero, por la que se determina la forma de envío de información de las comunidades autónomas y entidades locales en lo relativo a sus programas de ahorro y eficiencia energética.La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética (en adelante la Directiva), por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas a fin de alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el periodo 2014-2020.
La Directiva establece en su artículo 7 la obligación de justificar, por parte de cada Estado miembro, una cantidad de ahorro de energía acumulado para el citado periodo 2014-2020.
En cumplimiento de esta obligación, España ha comunicado a la Comisión Europea un objetivo de ahorro de energía final de 15.320 ktep, objetivo que se ha incrementado hasta los 15.979 ktep según la última revisión de la metodología realizada por la Comisión Europea.
Al objeto de cumplir en España con este objetivo, se hace necesario conocer de la manera más completa posible todas las iniciativas puestas en marcha al amparo de dicha Directiva por las comunidades autónomas y entidades locales.
En esta materia cobran especial relevancia los principios de cooperación, coordinación y colaboración, elementos esenciales para posibilitar que el esfuerzo realizado por todas las Administraciones territoriales en términos de ahorro energético de electricidad, gas y productos petrolíferos, así como las emisiones de CO2 evitadas con dichos ahorros, pueda ser contabilizado en el cumplimiento de los objetivos nacionales, redundando en un menor esfuerzo adicional que tenga que lograrse en años subsiguientes y, en definitiva, en una mejora de la competitividad, ahondando así en los principios básicos en los que se fundamentan las respectivas leyes sectoriales de electricidad e hidrocarburos, consumos sobre los cuales se contabilizan los ahorros reportados por las Administraciones Territoriales.
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