La crisis financiera mundial tiene consecuencias que van más allá de los indicadores económicos y afecta directamente a la capacidad de los países para garantizar el acceso a servicios esenciales como la sanidad. El endeudamiento de los Estados, especialmente de aquellos con ingresos bajos y medios, condiciona sus posibilidades de inversión en infraestructuras, hospitales, programas de salud pública y otros servicios fundamentales para el bienestar de la población.

Cuando los gobiernos necesitan financiar gastos que superan sus presupuestos, como la construcción de hospitales, la educación, las infraestructuras o la respuesta ante desastres naturales, recurren a préstamos de organismos internacionales, bancos e inversores privados. Esta deuda soberana puede contribuir al desarrollo de un país, pero también se convierte en una carga cuando los recursos destinados a devolver el capital y los intereses reducen la financiación disponible para los servicios públicos.

La magnitud del problema es significativa. Según los datos recogidos por Partners In Health (PIH), 3.300 millones de personas viven en países que destinan más recursos al pago de intereses de la deuda que a la sanidad o la educación. Además, 2024 fue el año más costoso de este siglo en términos de servicio de la deuda. Esta situación obliga a numerosos gobiernos a priorizar sus compromisos financieros frente a inversiones necesarias para mantener y mejorar sus sistemas sanitarios.

Este problema afecta especialmente a los países del Sur Global, cuyas dificultades económicas están vinculadas a procesos históricos de colonialismo y explotación económica. Según PIH, alrededor de tres billones de dólares se transfieren anualmente desde el Sur Global hacia el Norte Global, lo que refleja una dinámica en la que los países con menos recursos destinan importantes cantidades de dinero al pago de sus obligaciones con acreedores de economías más ricas.

Esta situación tiene consecuencias concretas en los sistemas de salud. En países como Sierra Leona, Malawi y Perú los recursos públicos destinados al pago de acreedores internacionales limitan la financiación de programas sanitarios esenciales. La falta de inversión compromete tanto el desarrollo de nuevas infraestructuras como el mantenimiento de los servicios existentes y la capacidad de los gobiernos para responder a las necesidades de sus poblaciones.

A estas dificultades se suma el papel de determinados acreedores privados, que pueden imponer condiciones financieras más exigentes y dificultar los procesos de reestructuración de la deuda. En algunos casos, los denominados fondos buitre adquieren deuda soberana de países en dificultades para reclamar posteriormente su devolución, junto con los intereses, mediante procedimientos judiciales. Estas prácticas pueden prolongar las situaciones de endeudamiento y reducir todavía más los recursos disponibles para políticas sociales.

Ante este escenario, Partners In Health trabaja para combatir las desigualdades estructurales que limitan el derecho universal a la salud. Además de prestar atención sanitaria directamente en los territorios donde opera, la organización promueve cambios políticos y legislativos orientados a transformar los mecanismos de financiación internacional, abordar las prácticas de préstamo abusivas y facilitar el alivio de la deuda.

El vídeo a continuación explica cómo las dinámicas económicas internacionales condicionan la financiación de los sistemas sanitarios y pone de manifiesto la necesidad de abordar el endeudamiento soberano como parte del desafío de construir sistemas de salud más equitativos y sostenibles.